La educación institucional no debería depender de las ideologías, ni de las creencias personales, ni de las estrategias de comunicación de cada dirigente. La representación pública exige respeto, especialmente cuando se participa en actos que forman parte de la historia, la cultura y las tradiciones de millones de ciudadanos.
Resulta sorprendente observar cómo algunos responsables políticos parecen más preocupados por diferenciarse, por llamar la atención o por marcar perfil propio que por ejercer con naturalidad el cargo que representan. Unos eligen el silencio cuando corresponde el reconocimiento, otros convierten gestos sencillos de cortesía en declaraciones políticas, y algunos incluso anteponen intereses personales o mediáticos a compromisos institucionales adquiridos.
Más allá de las creencias de cada uno, España sigue siendo una nación donde millones de personas —practicantes o no— se identifican con una tradición cultural profundamente vinculada al cristianismo. Ignorar esa realidad o mostrar desdén hacia ella no es modernidad ni pluralismo; es desconocer una parte fundamental de nuestra identidad colectiva.
La política necesita menos soberbia y más respeto. Menos gestos para la galería y más sentido institucional. Porque cuando quienes gobiernan dejan de escuchar a la mayoría social y se encierran en sus propios relatos, terminan alejándose de la realidad.
Y mientras algunos dirigentes parecen empeñados en despreciar símbolos, tradiciones o sentimientos compartidos por gran parte de la sociedad, cada vez son más los jóvenes que redescubren sus raíces, reivindican sus valores y utilizan las redes sociales para expresar aquello en lo que creen. Quizá convendría escucharles antes de dar por superadas realidades que siguen muy presentes en la sociedad española.
La historia demuestra que ningún gobierno cae por respetar a sus ciudadanos, pero muchos han terminado desgastándose cuando la arrogancia sustituyó al sentido común.
