La administración autonómica de Extremadura ha decidido cancelar la concesión directa para la mina de litio situada a solo dos kilómetros del centro de Cáceres, poniendo fin al proceso administrativo relacionado con este controvertido proyecto. La decisión, firmada por la directora general de Minas, Raquel Pastor, responde a la falta de entrega de los informes técnicos solicitados a la promotora, Castilla Mining SLU, dentro del plazo establecido.
La empresa había argumentado que no podía presentar la documentación requerida sin antes realizar trabajos previos de investigación —como calicatas y sondeos— que, según indican, no son compatibles con la tramitación de una concesión directa de explotación. Al no haberse comprobado la viabilidad técnica para una extracción racional del litio, la Junta opta por cerrar la vía para la concesión directa, aunque concede un plazo de dos meses para que la empresa solicite un permiso de investigación sobre la misma área, lo que permitiría avanzar de manera más adecuada en el análisis del recurso.
La resolución ha sido recibida con satisfacción por parte de colectivos vecinales, como la Asociación Sierra de la Mosca, quienes habían presentado en 2024 un recurso señalando diversas deficiencias en el expediente, especialmente en cuanto a la ausencia de pruebas metalúrgicas, dudas sobre la restauración ambiental y la capacidad técnica y financiera del proyecto. Según estos grupos, los mismos informes requeridos y no entregados por la empresa coinciden con los motivos señalados en sus alegaciones.
Este pronunciamiento administrativo se produce en un contexto de fuerte oposición social. El rechazo a la mina de litio movilizó a alrededor de 6,000 habitantes de Cáceres en una de las manifestaciones más concurridas de la ciudad, culminando en la Plaza Mayor con un claro mensaje en contra de la explotación minera por sus posibles impactos ambientales y sociales.
En caso de no estar de acuerdo con esta resolución, Castilla Mining SLU puede presentar recurso de alzada ante la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, que dirige Mercedes Morán, en un plazo máximo de un mes. Mientras tanto, el futuro de la mina seguirá pendiente, con la posibilidad de continuar bajo la figura legal menos comprometida, la de investigación, para evaluar mejor la viabilidad del proyecto en esta zona de Extremadura.
