Las principales organizaciones agrarias de Extremadura, encabezadas por APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE Extremadura, manifestaron su oposición al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y a la reciente reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC). En una reunión sostenida este lunes con el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, los representantes del sector rural expresaron su rechazo a estas medidas y reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El encuentro, que también contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, sirvió para que los líderes agrarios expusieran la delicada situación del campo extremeño, señalando la urgencia de mejorar las condiciones del sector. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja, destacó que se entregó un documento con las principales reivindicaciones que, según subrayó, ya son ampliamente conocidas pero que todavía esperan ser atendidas por las autoridades.
Uno de los asuntos prioritarios debatidos fue el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. En este punto, los agricultores insistieron en que se respete la decisión tomada por el Parlamento Europeo, que recientemente acordó llevar el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante las dudas sobre su compatibilidad con las normativas comunitarias. Metidieri señaló que resulta fundamental que los órganos ejecutivos de la Comisión Europea y los gobiernos no ignoren esta resolución parlamentaria.
En cuanto a la PAC, las organizaciones lamentaron los recortes continuos en la financiación agrícola, calificando de insuficiente la propuesta que contempla una reducción del 23% en esta nueva reforma, tras una baja del 10% en el período anterior. Subrayaron que esta disminución pone en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y añadió que la creciente burocracia y la caída persistente de los precios agrícolas agravan la situación.
Por otra parte, criticaron la falta de eficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería proteger a los productores frente a las presiones comerciales, pero que hasta ahora no ha cumplido con sus objetivos.
El delegado del Gobierno recibió estas demandas con el compromiso de trasladarlas al Ministerio de Agricultura en Madrid. Las organizaciones confían en que su voz sea escuchada y que se tomen medidas que reflejen las preocupaciones del mundo rural extremeño.
