Un análisis reciente de expertos, entre ellos la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, alerta que al menos 143 presas en España enfrentan problemas que ponen en duda su seguridad hidráulica, especialmente frente a las intensas lluvias registradas en 2025 y 2026. La insuficiente inversión en mantenimiento y la escasa implantación de planes de emergencia son factores que agravan el riesgo para numerosas comunidades situadas río abajo, en zonas vulnerables a posibles roturas o desbordamientos de estas infraestructuras.
Aunque determinar con exactitud qué localidades están en peligro es complejo, debido a la combinación entre la vulnerabilidad poblacional y las condiciones técnicas de cada presa, informes recientes delimitan áreas críticas basándose en la ubicación y el estado de las infraestructuras. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones detectó más de 200 puntos habitados con riesgo de inundación, incluyendo 40 núcleos con elevadas posibilidades de ser afectados por la cercanía a grandes embalses.
Destacan casos como la presa de El Atance, con problemas históricos derivados de la geología montañosa, que ha obligado a intervenciones para controlar filtraciones. Aunque no se considera en riesgo inmediato, su plan de emergencia no está totalmente operativo, careciendo de sistemas de alarma efectivos en los pueblos cercanos. Situaciones similares se producen en embalses como Buendía y Entrepeñas, donde faltan sirenas operativas y centros de control con comunicaciones garantizadas en situaciones críticas. Estas lagunas en la gestión ponen en jaque la capacidad de respuesta ante eventos graves, enfatizando la necesidad de simulacros y alertas tempranas eficientes.
En la cuenca del Tajo, presas como Navalcán y Cazalegas presentan dificultades técnicas, ya sea por obstrucción de desagües o por señales que requieren un monitoreo constante. Esto impacta en la seguridad de zonas como Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo y Toledo, donde la combinación de infraestructura envejecida y falta de implantación plena de planes de emergencia aumenta la preocupación. Algunas presas madrileñas, aunque estructuralmente estables, sufren presiones operativas derivadas de fuertes desembalses, complicando la gestión del riesgo.
Andalucía muestra una situación similar, con un 60% de sus presas estatales requiriendo intervenciones para corregir vulnerabilidades. La Presa de La Puebla de Cazalla y el embalse del Gergal son ejemplos de infraestructuras con problemas estructurales o falta de mantenimiento, que afectan poblaciones y vías de comunicación como la autovía A-92. La Presa de Benínar en Almería es particularmente problemática debido a filtraciones causadas por el suelo calizo, lo que limita su capacidad y genera riesgos adicionales por la acumulación de lodos. Igualmente, Cuevas del Almanzora enfrenta dificultades por la inestabilidad del terreno y el estado de sus desagües.
En esta comunidad, la coordinación entre las administraciones estatales y autonómicas ralentiza la implantación de planes de emergencia, lo que pone en riesgo a las comunidades en zonas de evacuación rápida ante cualquier incidente hidráulico grave. El sistema ES-Alert, utilizado como medida temporal, resulta insuficiente en comparación con planes que incluyen sirenas, sistemas de comunicación directa y simulacros de evacuación con la población.
Por su parte, en Extremadura, la preocupación se centra en la fatiga de materiales y en la obsolescencia de presas medianas y pequeñas, muchas sin planes de emergencia implantados. El control deficiente de embalses antiguos y la falta de coordinación con ayuntamientos complican la respuesta ante emergencias. En la cuenca del Guadiana y en el río Tajo, presas como Cíjara y García Sola necesitan modernización constante para garantizar su integridad. Asimismo, embalses claves para la región, como Alcántara y Valdecañas, presentan riesgos relacionados con desembalses masivos, con impacto potencial en infraestructuras y poblaciones ribereñas.
Los expertos señalan que, en general, la mayoría de los grandes embalses españoles construidos entre las décadas de 1950 y 1980 enfrentan desafíos que requieren inversiones urgentes para evitar fallos estructurales o problemas operativos. La combinación de infraestructuras envejecidas, mantenimiento insuficiente y planes de emergencia incompletos genera una inquietud creciente en la sociedad y en el sector técnico, sobre todo en un contexto climático marcado por fenómenos extremos y lluvias persistentes.
Garantizar la seguridad de estas presas implica no solo las revisiones y reparaciones físicas, sino también la instauración efectiva de planes de emergencia que incluyan sistemas de alarma, comunicaciones fiables y programas de formación y simulacro para las comunidades afectadas, reduciendo así la vulnerabilidad ante posibles desastres.
